Una serie de fallas y falencias graves en el sistema, fueron parte de las conclusiones que detalló el informe presentado por la Comisión Especial Investigadora de las adquisiciones de insumos y prestaciones de salud efectuadas por Fonasa a prestadores privados, según informó el diputado Germán Verdugo, miembro de dicha comisión.

Cabe recordar que la investigación consideró las diversas modalidades y posibles conductas de colusión, eventuales perjuicios fiscales por pérdidas registradas financieras y el posible lucro con que esta situación beneficiaría a prestadores privados de salud, tanto en la compra de camas a clínicas privadas como las contrataciones de médicos que integran el servicio público.

Si bien el informe no atribuyó responsabilidades políticas, el diputado Verdugo se mostró preocupado por el actual escenario de la salud pública en Chile: “Es de público conocimiento que el Estado no logra cubrir la demanda total de las prestaciones de salud, por lo que recurre al sistema privado para resolver los problemas sociales que éste no puede resolver por sí solo, pues actualmente carece de la capacidad suficiente, especialmente a lo que se refiere a las camas críticas”, explicó el parlamentario.

En este contexto, Verdugo sostuvo que resulta indispensable determinar que el sistema público de salud no subsiste sin el sistema privado y viceversa. “Me gustaría saber cuál es la opinión de la ministra respecto a este punto y saber por qué no se evalúa la posibilidad de que las clínicas privadas formen parte de la red pública y establecer con ellos un convenio marco, estableciendo previamente el valor de las prestaciones a fin de evitar pagar mayores precios”, dijo.

En relación a las compras públicas, el diputado Verdugo precisó que todos quienes asistieron a la comisión fueron concordantes en señalar que este régimen es escasamente aplicado, privilegiando el trato directo por sobre las compras públicas, debido a las complicaciones en su aplicación, puesto que las adquisiciones de salud son indispensables para su funcionamiento y no pueden quedar sujetas al tiempo real que demora este proceso. “Por ello es necesario buscar una solución idónea que permita que las licitaciones en lo relativo a salud tenga un plazo breve para evitar que se incumpla la ley y no se ponga en riesgo la vida”, señaló.

Finalmente el legislativo sostuvo que “es de total relevancia que se estudie el modelo y se analice la posibilidad que sea el sector privado el que siga prestando servicios al sector público, con una planificación a mediano o largo plazo, no inferior a tres o cuatro años, para que se incluya dentro de los servicios todo lo necesario para la continuidad del sistema y en términos idóneos para los pacientes, que son los realmente afectados”, concluyó.