• El parlamentario por Talca recordó que hace dos años presentó un proyecto de resolución para que la Jefa de Estado enviara una iniciativa en tal sentido

Congreso Nacional.– Una solicitud formal para que la Presidenta Bachelet envíe a trámite legislativo un proyecto de ley que termine con la incompatibilidad entre la pensión básica solidaria o aporte previsional solidario de invalidez y las remuneraciones por actividades laborales, hizo el diputado GERMÁN VERDUGO SOTO.

El intervenir en la hora de incidentes de la Cámara de Diputados, el parlamentario por Talca recordó que hace dos años presentó, junto a un grupo de parlamentarios, una iniciativa por medio de la cual se le solicitó a la Jefa de Estado la derogación del artículo 22 de la ley 20.255 que establece la Reforma Previsional, a fin de que no exista tal incompatibilidad.

De acuerdo a la información actualizada con la que cuenta el portal web de Chile Atiende, a julio de este año, la Pensión Básica Solidaria de Invalidez asciende a la suma de $104.646, “monto que es insuficiente para vivir, más aún si se considera que la persona que recibe esta pensión fue declarada con la invalidez que justifica este ingreso”, afirmó el diputado por Talca.

El legislador señaló que la ley establece que en caso de que un beneficiario inicie, mantenga o reinicie actividades laborales y tenga una remuneración mensualsuperior a un ingreso mínimo mensual ($270.000.-) e inferior o igual a 2 ingresos mínimos mensuales ($540.000.-), la pensión se reducirá de acuerdo con un factor que se determina la misma ley.

“Desde el año 2006 esta Cámara ha manifestado su preocupación por la materia, sin embargo, ésta no ha sido considerada por el Ejecutivo, toda vez que pareciera hacer oídos sordos respecto de esta situación”, señaló Verdugo.

“Quiero solicitar a la Presidenta de la República estudie la propuesta y remita al más breve plazo un proyecto que zanje este problema, ya que no es posible, que personas que reciben una pensión, ya de por sí, insuficiente, se les restrinja e incluso prive la posibilidad de trabajar a fin de incrementar sus ingresos, situación que no sería necesaria si el beneficio estuviera acorde a la realidad económica y social de quienes la reciben”, concluyó.